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TODO LO QUE DEBE SABER DEL CÓDIGO DE POLICÍA Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Colombia contaba con un código que fue expedido en el año 1970 (Decreto 1355) y que estaba presente, por lo que fue necesario que las normas de policía se adecuaran a la Constitución Política de 1991 y a las dinámicas y cambios sociales, explicó el Ejecutivo.

 

Entonces, la nueva ley, desarrolla aspectos relacionados con el poder, función y actividad de la Policía Nacional; además de la libertad, derechos y deberes de los ciudadanos en materia de convivencia, así como la seguridad en los servicios públicos, entre otros.

 

La norma, integrada por 243 artículos, trae tres libros, el primero de ellos referido al objeto del código, ámbito de aplicación, bases de la convivencia y autonomía de la Policía Nacional; por su parte, el libro segundo se refiere a la libertad, los derechos y deberes de las personas en materia de convivencia; por último, el tercer libro se refiere a los medios de policía, medidas correctivas, autoridades de policía y competencias, procedimientos y mecanismos alternativos de solución de desacuerdos o conflictos.

 

Luego de la aprobación de la iniciativa en el Congreso de la República, Ámbito Jurídico realizó, a lo largo de varias semanas, una serie de especiales con los temas claves de este nuevo Código, que entrará en vigencia en seis meses, y que explican de manera detalladas las novedades incluidas en el mismo, a continuación podrá consultarlos.

 

· La Policía podrá ingresar a un inmueble sin orden escrita

 

Una de las medidas más controvertidas se refiere al ingreso a inmuebles sin orden judicial, se describe que la policía podrá ingresar en los domicilios cuando fuere de imperiosa necesidad; para socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio; para extinguir incendio, evitar su propagación, remediar inundación o conjurar cualquier otra situación similar de peligro; para dar caza a animal rabioso o feroz; para proteger los bienes de personas ausentes cuando se descubra que un extraño ha penetrado violentamente o por cualquier otro medio al domicilio de estas personas; cuando desde el interior de una casa o edificio se proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera de estos y para proteger la vida e integridad de las personas si en el interior del inmueble o domicilio se están manipulando o usando fuegos pirotécnicos, pólvora o globos sin el debido cumplimiento de los requisitos.

 

· Deudores de multas no podrán contratar con el Estado

 

La nueva norma define las multas generales, que clasifica en cinco tipos, y las consecuencias por el no pago de las mismas, las cuales variarán dependiendo del tipo de multa impuesta por la autoridad de policía.

 

Cuando los uniformados de la Policía tengan conocimiento de la ocurrencia de un comportamiento que altere la convivencia en los términos del Código estarán facultados para imponer orden de comparendo al infractor, evidenciando la transgresión.

 

· Comportamientos que representan riesgo para la vida de las personas dentro del Código de Policía

 

La ley puntualiza los comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y su respectiva la medida correctiva, así como también aquellos que se restringirán para poder hacer uso de los servicios públicos. También establece restricciones para el uso de artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas.

 

· El alcance de la privacidad en el nuevo Código de Policía

 

Este Código prescribe el derecho a la tranquilidad y las relaciones respetuosas como parte esencial de la convivencia ciudadana.

 

En tal virtud, define la privacidad como el derecho que tienen las personas de satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en un ámbito que le sea exclusivo y, por lo tanto, considerado como privado.

 

· Perturbación a la propiedad en el nuevo Código de Policía

 

Indica los comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles.

 

Por ejemplo, en caso de perturbación de los derechos de posesión, servidumbre o mera tenencia, las personas podrán instaurar querella ante el inspector de Policía, mediante el procedimiento único consagrado dentro del código.

 

· Lavar vehículos dentro de fuente hídrica y experimentar con especies silvestres generará multa de $ 735.424

 

De igual manera, establece las competencias de la autoridad en materia de prevención y protección de las fuentes hídricas, de cuidado de las especies de flora y fauna silvestres y de contaminación del aire.

 

El procedimiento sancionatorio ambiental está consagrado, entre otras, dentro de la Ley 1333 del 2009. Así las cosas, el nuevo Código de Policía otorga a la autoridad la competencia para imponer y ejecutar las medidas preventivas consagradas en aquella, siempre y cuando se lleven a cabo alguna una serie de conductas señaladas.

 

· Controles a la explotación minera en el nuevo Código de Policía

 

En un capítulo entero, la norma presenta las medidas de control respecto al ejercicio de la minería y las medidas correctivas en caso de llevar a cabo alguno de los comportamientos descritos en la misma, como por ejemplo la explotación y aprovechamiento ilícito de minerales.

 

· Procesos verbal inmediato y verbal sumario

 

Para finalizar, la nueva legislación indica las principales características del proceso verbal inmediato y del proceso verbal sumario y que deberán cumplir las autoridades de Policía.

 

Es oportuno agregar que estos procesos estarán regidos por los principios de oralidad, gratuidad, inmediatez, oportunidad, celeridad, eficacia, transparencia y buena fe y su aplicación será obligatoria para las actuaciones adelantadas por las autoridades de Policía, en ejercicio de su función y actividad.





Publicado: 30 de octubre de 2018


DESCONTENTO EN LA ASAMBLEA DE CALDAS POR CAMBIO DE FECHA PARA ELEGIR MESA DIRECTIVA


Diputados de tres de las cinco bancadas que conforman la Asamblea de Caldas expresaron su molestia por el cambio en la elección de Mesa Directiva. Estaba agendada para ayer en la mañana, pero en la tarde del martes la aplazaron.

Por un grupo de Whatsapp se les informó a los diputados que la elección quedaba aplazada hasta tanto:

"1. Se obtenga respuesta a la consulta que se ha elevado a la Función Pública para la elección de secretario.

"2. Se resuelva la tutela que interpuso el diputado Nicolás Aguilar para que se le otorgue de nuevo el derecho a voz y voto”.

Aguilar tiene esta sanción desde hace dos meses y medio, que le interpuso el Centro Democrático por presunta doble militancia en la elección presidencial. La semana pasada el diputado presentó la tutela en un juzgado para buscar levantar la medida y votar por Mesa Directiva y secretario. Aguilar ya renunció a este Partido.

El liberal Silvio Arboleda, presidente de la Asamblea, habló ayer con LA PATRIA.

Solo un motivo

- Dijo que la elección sería hoy (ayer) en la mañana, pero en la tarde del martes indicaron a los diputados que la aplazaban, ¿qué pasó?

El diputado Aguilar radicó la tarde del martes en Secretaría una solicitud para aplazar la elección hasta que le resuelvan la tutela, quiere participar en la elección. Presume que va a salir a su favor, cree que la decisión del Centro Democrático fue arbitraria.

- ¿No priman los derechos de las mayorías, cuando la elección se había fijado por acuerdos políticos?

No sé. Es un derecho que él tiene como diputado y hay que respetárselo. No me puedo meter en qué prima. Lo que sí es importante es el derecho que él tiene a que la tutela sea resuelta y que pueda votar.

- ¿Y los derechos de los 13 diputados restantes dónde quedan?

Una elección de Mesa Directiva está sujeta a ser aplazada, como cuando se va a votar un proyecto de ordenanza.

- A los diputados les dicen que también aplazan porque no tienen el concepto de la Función Pública para elegir secretario.

Finalmente eso no tiene tanto peso jurídico; porque como me dieron a entender algunos diputados, el secretario no hace parte de la Mesa Directiva. Eso era como un segundo argumento, pero pierde peso porque el secretario se puede nombrar en cualquier momento, cuando tengamos el concepto.

- ¿Hasta cuándo tienen plazo para elegir Mesa Directiva para el 2019?

Hasta el último día de noviembre. Esa es la razón del aplazamiento.

Reacción de los diputados

Antonio Corrales, Centro Democrático

No es argumento para suspender la elección. Bien pudiéramos aplazar la votación de los proyectos de ordenanza hasta cuando vuelvan a darle esos derechos al diputado Aguilar. No tiene qué ver lo uno con lo otro. Es un argumento muy débil pretender que no se elija Mesa Directiva a la espera de que se resuelva una tutela.

Hugo Moncada, Partido de la U

Nos sorprendió el mensaje de aplazamiento. Con 13 diputados se sigue dando la mayoría más uno, y no es impedimento de fuerza para que tengamos que esperar, no creo que sea una razón de peso. La elección de secretario no tiene qué ver con la de Mesa Directiva. Estaremos atentos a ver qué va a ocurrir, si las cosas se dan como están previstas, trataré de hacer la mejor labor como presidente.

Ignacio Alberto Gómez, Partido Conservador

No estoy de acuerdo, de todas maneras ya se había hecho pública la elección, ya estaban los invitados, e incluso en el chat de diputados dije que la elección se debía realizar hoy (ayer).

Hëctor Giraldo, Cambio Radical

Sí había unos compromisos para la elección; ya que el presidente diga que no, por dificultades por una tutela, tendremos que respetarlo.

Óscar Alonso Vargas, Partido Liberal

Estoy de acuerdo con el aplazamiento, siempre se ha elegido todo el paquete: presidente, vicepresidentes y secretario. Es pertinente tomarse un tiempo para mirar cómo se hace esta elección. Tenemos que respaldar al presidente.

La tutela

Según el abogado Alejandro Franco, apoderado jurídico del diputado Aguilar, la tutela la presentaron la semana pasada y la aceptó un juzgado de adolescentes. Es contra la Mesa Directiva de la Asamblea, el Centro Democrático y la veedora nacional de este Partido, que profirió las decisiones de suspensión del derecho a voz y a voto.

"Se pide que se suspendan los efectos de las resoluciones por violaciones al debido proceso. Los estatutos del Centro Democrático dicen que los procesos disciplinarios contra los militantes deben tener tres etapas: indagación, investigación disciplinaria y fallo. Le iniciaron el proceso en etapa de investigación, omitiendo la de indagación".

A la Asamblea la vinculan porque la Mesa Directiva le aplicó a Aguilar las sanciones, cuando al parecer el reglamento dice que debe ser aprobado por la plenaria. "Indicaron, en respuesta a la tutela, que estaban acatando la decisión del Centro Democrático, pero están desconociendo artículos del reglamento en cuanto a sanciones a los diputados. Esperamos entre martes o miércoles ya haya fallo".

http://www.lapatria.com/politica/descontento-en-la-asamblea-de-caldas-por-cambio-de-fecha-para-elegi...



Publicado: 18 de octubre de 2018


¿LAS PROPINAS HACEN PARTE DEL SALARIO DEL TRABAJADOR?


El pasado 3 de agosto de 2018 se publicó la ley 1935 del 2018 por medio de la cual se reglamentó la naturaleza y destinación de las propinas. Afortunadamente no hubo sorpresas o cambios trascendentales respecto de la naturaleza que la ley le da a este concepto, y en ese sentido se reafirmó la posición del Artículo 131 del Código Sustantivo del Trabajo donde se establece que las propinas NO constituyen salario.

Como aspectos por rescatar, la ley aclara en su artículo 5 que únicamente pueden verse beneficiados las personas que intervienen en la cadena de servicios, y que son los mismos trabajadores de dicha cadena quienes deben definir cómo debe hacerse la distribución de dichos dineros. Si los trabajadores no logran llegar a un acuerdo, será el empleador quien tome la decisión.

Finalmente, otorga facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio para que pueda realizar la vigilancia, inspección, y control en lo que tiene que ver con el cumplimiento de esta norma sin que se vulneren los derechos del consumidor, lo cual nos permite concluir que si se presentan controversias entre el trabajador y el empleador, por cualquier asunto que tenga que ver con su pago, es el Juez Laboral y el Ministerio de Trabajo los que tienen la autoridad para resolver la controversia.

 





Publicado: 04 de octubre de 2018


“LA ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE AEROCAFÉ DEBE SER REPLANTEADA”: ALEJANDRO FRANCO CASTAÑO


 

El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, avaló la incorporación de $100 mil millones para Aerocafé, en el Presupuesto General de la Nación 2019. El siguiente paso será el debate de este presupuesto en las comisiones económicas de Senado y Cámara.

 

Al respecto, el abogado de la firma AFC, Alejandro Franco Castaño, se mostró complacido por la asignación de recursos, pero invito a que se evalúe una nueva administración y gerencia del proyecto.

 

“Excelente el nuevo aire financiero para el aeropuerto del café y además excelente gestión parlamentaria. Sin embargo, considero que los nuevos recursos no los debe administrar, ni ejecutar una entidad como la corporación aeropuerto del café.

 

 La historia de esta entidad, cómo la han gerenciado, sus ejecutorias en materia de administración de los recursos para la construcción del aeropuerto y hasta la estructuración social del proyecto aconsejan un nuevo modelo de administración y gerencia. Importante convocar la conformación de veedurías ciudadanas”, manifestó Franco Castaño.

 

Además, de esta asignación presupuestal, también se estudia otra partida similar para adicionar durante el 2020 y el 2021.





Publicado: 25 de septiembre de 2018


¿QUÉ SON LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR?


Son el conjunto de principios y normas jurídicas que tienen como objetivo, proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos.

Mediante estas herramientas jurídicas, se puede materializar la exigencia de mencionados derechos, de conformidad a las controversias que se presenten entre los vendedores, productores, proveedores, y por supuesto los consumidores, de tal suerte que todo bien, producto o servicio bien sea nacional o importado esté plenamente garantizado y por tanto, en caso de una trasgresión al consumidor, este pueda acudir a la ley procesal para exigir el cumplimiento de las obligaciones enmarcadas en el estatuto del consumidor.

En el tránsito del comercio, según nuestra sociedad de consumo pueden presentarse situaciones, como por ejemplo, la adquisición de un bien, producto o servicio, y puede que eventualmente el producto, bien o servicio no cumpla con las especificaciones, promesas ofrecidas, expectativas o fines por los cuales fue adquirido, o puede ocurrir también, que el producto salga defectuoso en cuanto a su funcionamiento o fin por el cual fue adquirido. Si lo anterior es así, entonces, el consumidor puede hacer uso de sus derechos e iniciar de inmediato las respectivas soluciones del caso.

En los anteriores casos, los consumidores contamos con un cuerpo de leyes que nos protegen y nos avalan para poder realizar los pertinentes reclamos en estos casos y poder ser resarcidos frente al engaño o el incumplimiento. Los Casos comunes en este sentido son la oferta de promociones que no se cumplen, precios que no son reales, productos que no son los exhibidos en folletos o publicidades, productos defectuosos o de segunda línea, reparaciones nulas o mal hechas, entre otros.

Todo este tipo de situaciones están contempladas dentro de lo que se conoce como derecho del consumidor y por lo tanto, el mismo puede ejercer diferentes alternativas jurídicas para que se cumplan sus derechos. Estas herramientas jurídicas, pueden ser muy variadas, y en consecuencia, mediante una simple queja oral o escrita puede activarse el reclamo, y siendo mas exigentes hasta instaurar una acción judicial. No obstante, es deber del consumidor contar con las respectivas pruebas, así como facturas de compra y certificados de garantía, lo anterior, para que el reclamo tenga vocación de proceridad.

Si este es su caso, y considera que un vendedor, productor o proveedor le ha vulnerado alguno de sus derechos, cualquier consumidor colombiano puede acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio y presentar una demanda civil, previo a los requisitos de procedibilidad descritos en la ley 1480 de 2011.

 

 






Publicado: 20 de septiembre de 2018


SEIS ASPECTOS CLAVE A LA HORA DE COMPRAR


Las empresas están obligadas a cumplir con las normas contempladas en el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, el cual dispone mecanismos de protección a los compradores, quienes por desconocimiento no exigen sus derechos.

1.   Lo que debe ‘decir’ el producto. Artículo 24.

Todo producto debe contener como mínimo las instrucciones para el correcto uso o consumo, conservación e instalación del producto o utilización del servicio; la cantidad, peso o volumen, en el evento de ser aplicable; la fecha de vencimiento cuando ello fuere pertinente. Además, el proveedor está obligado a verificar la existencia de esta información al momento de poner en circulación los productos en el mercado.


Igualmente, el producto debe contar con las especificaciones técnicas del bien o servicio. Cuando la autoridad competente exija especificaciones técnicas particulares, estas deberán contenerse en la información mínima.


Por su parte, el proveedor del producto debe suministrar la información relativa a las garantías que asisten al consumidor o usuario; el precio, atendiendo las disposiciones contenidas en esta ley.


2. El proveedor no puede ‘lavarse las manos’. Artículo 20.
Tanto el productor como el expendedor de producto deben ser solidariamente responsables de los daños causados por los defectos de sus productos, sin perjuicio de las acciones de repetición a que haya lugar. Por ejemplo, una cadena, supermercado o establecimiento comercial está incurriendo en una falta si no responde por un producto defectuoso que se adquiera en ese lugar, se 2lava las manos” y le “pasa la pelota” al fabricante.


En caso de que no se indique expresamente quién es el productor, se presumirá como tal quien coloque su nombre, marca o cualquier otro signo o distintivo en el producto.

3. A responder por la calidad. Artículo 7 y 13.

Todo productor o proveedor tienen la obligación de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos. Esta es la garantía legal y el consumidor puede solicitar que se le indique el término, su alcance y condiciones, así como la forma para hacerla efectiva.

Cuando no se indica el término de garantía, este será de un año para productos nuevos según lo establece la ley.

Además de la garantía legal, a la cual están obligadas las empresas a cumplir, existen las garantías
suplementarias. Estas se dan cuando los productores y proveedores amplíen o mejoren la cobertura de esta, de forma gratuita u onerosa. En este último caso se deberá obtener la aceptación expresa por parte del consumidor, la cual deberá constar en el escrito que le dé soporte.


En el caso de productos importados, el importador se considera productor y debe responden por la calidad e idoneidad de los bienes. Los daños producidos por el uso indebido del producto excluyen la garantía.


4. No más “sin factura no hay cambio”. Artículo 27.
Toda operación de consumo que se realice debe tener una constancia por parte del productor o proveedor y el consumidor tiene derecho a exigirla. La factura o su equivalente, expedida por cualquier medio físico, electrónico o similares podrá hacer las veces de constancia.


Un aspecto importante de este artículo es que señala que “su presentación no será condición para hacer valer los derechos contenidos en esta ley”. Lo anterior quiere decir que para exigir sus derechos o cambiar un producto, el consumidor no está obligado a presentar la factura de compra, ya que el establecimiento comercial tiene el deber de guardar un registro de las operaciones y de contar con un respaldo de las facturas emitidas.

5. No más “letra menuda” en los contratos. Artículo 37.
Por mucho tiempo, en la también llamada “letra chica” se hacían aclaraciones que a simple vista no leían las personas, lo cual ocasionaba desconocimiento de puntos importantes para los consumidores. La Ley especifica que las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas y que en los contratos escritos, los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco.


6. Reglas de juego para compras online o a distancia. Artículo 25.


El consumidor puede reversar un pago cuando la compra se haya realizado por mecanismos de comercio electrónico (Internet, PSE y/o call center televenta o tienda virtual), y se haya utilizado para realizar el pago una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico, y el consumidor haya sido objeto de fraude, o corresponda a una operación no solicitada, o el producto adquirido no sea recibido, o el entregado no corresponda a lo solicitado o sea defectuoso.


Por otra parte, el artículo 47 contempla la facultad de retracto, es decir -arrepentimiento de la compra por parte del consumidor-, la cual permite la reintegración del dinero que el consumidor hubiese pagado solo en los siguientes casos: cuando los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios se realiza mediante sistemas de financiación otorgada por el productor o proveedor, venta de tiempos compartidos o ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de cinco días.

 

Si tienes dudas sobre cómo ejercer tus derechos, ¡Contáctanos!





Publicado: 04 de septiembre de 2018


Caso de éxito: DESTACADA ACTUACIÓN DE AFC CONSULTORIO JURÍDICO, EN CASO DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONGRESISTA MARIO CASTAÑO



 El Consejo de Estado no aceptó la solicitud de pérdida de investidura del congresista Mario Castaño Pérez. La decisión se da después de que  AFC Consultorio Jurídico, en cabeza de Alejandro Franco Castaño,  presentará una serie de documentos con los que argumentó las justificaciones de sus ausencias, varias de ellas por afecciones de salud y otras causas.

 

“Este es un fallo muy importante, ya que desde la defensa resolvimos en gran parte la  contestación de la demanda. Los planteamientos jurídicos que hicimos en las audiencias de alegatos enriquecerán mucho el panorama  jurídicos no solo para este proceso sino para futuros procesos de pérdida de investidura y da muchas pautas frente a la correcta interpretación de lo que es la causal de inasistencia”, argumentó Alejandro Franco Castaño, Abogado y director de AFC.

 

Por otra parte, Franco Castaño, explico que: “Estos procesos de pérdida de investidura hasta el año pasado eran de única instancia y no tenían apelación, pero a partir de la Reforma de la Ley 1881 de 2018, son procesos de doble instancia; así que la parte vencida tiene derecho de poner recurso de apelación, pero no es obligatorio”.

 

Desde los elementos jurídicos, los fallos de pérdida de investidura, incluyendo el del Congresista Mario Castaño, son procesos muy decantados, ya que la jurisprudencia ha sido muy clara en indicar cómo opera la causal y cómo pueden justificar legalmente la inasistencia a las sesiones. “Desde la defensa seguimos la pautas del Consejo de Estado y logramos demostrar que en este caso no operaba esta causal ni se configuraba la inasistencia en ninguno de los periodos”, finalizó el abogado Alejandro Franco.



A continuación podrás conocer más detalles.



Publicado: 29 de agosto de 2018


ENCUENTRO REGIONAL "SOMOS SECCIÓN SEGUNDA"


Nuestro Director Alejandro Franco, participará como panelista en el Encuentro Regional "Somos Sección Segunda", Consejo de Estado -Justicia Abierta, diálogos con la comunidad. A continuación el link donde abogados, estudiantes y ciudadanos interesados podrán inscribirse para la asistencia al evento:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5GeQIQSaezKnvgJarlkvcnWdBYMAq_le9FxgvL8ztGo4Thw/viewform



Publicado: 23 de agosto de 2018


¿EN QUÉ CONSISTE LA PENSIÓN ALIMENTICIA?


Para que se proceda a demandar una pensión alimenticia es necesario que se cumplan tres condiciones o requisitos. En #AFCEstudioJurídico te explicamos cuáles. 

Si preguntáramos en la calle qué son los alimentos, nos mirarían con cara de extrañeza y nos dirían que son la comida que ingerimos. Para nuestro Código Civil, en cambio, los alimentos incluyen no solo la comida, sino también la vestimenta, la habitación, la salud, la movilización, la enseñanza básica y media, además del aprendizaje de alguna profesión y oficio.

Para que proceda demandar una pensión alimenticia es necesario que se cumplan tres condiciones o requisitos. El primero de ellos es que quien recibe los alimentos (llamado alimentario) realmente los necesite, es decir, cuando sus medios no le son suficientes para cubrir las necesidades antes mencionadas.

Luego de ello, se requiere que la persona que entrega los alimentos (llamada alimentante) tenga los medios para otorgar dichos alimentos. En este sentido, se toman en cuenta las circunstancias particulares de las personas del alimentante y del alimentario. Así por ejemplo, si un alimentante gana un cuantioso premio en la lotería, será posible demandar el alza en la pensión, mientras que si pierde el trabajo, podrá decretarse el cese o la disminución de la pensión.

Cabe tener presente que la ley presume que el alimentante tiene los medios para dar alimentos cuando los demanda un menor a su padre o madre.

El tercer y último requisito para que proceda decretar la pensión alimenticia es que la ley debe establecer la obligación. El legislador determina que se deben alimentos, por razones, principalmente, de matrimonio o de parentesco: al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes a los hermanos, siendo estos los principales.

Cumplidos los requisitos anteriores se podrá concurrir a los tribunales de familia y demandar la pensión.

¿Qué son los alimentos provisorios?

Los alimentos provisorios son aquellos alimentos que pueden demandarse al entablar la demanda de alimentos, de modo que sí el tribunal los decreta, será posible que durante todo el transcurso del juicio se paguen estos alimentos, a fin de que durante éste el alimentario obtenga lo que requiere para subsistir.

¿A qué tribunal acudir?

La ley da una opción. Quién demanda los alimentos podrá acudir al tribunal de familia de su domicilio o al tribunal de familia del domicilio de la persona del alimentante.

 En futuras columnas hablaremos más en detalle sobre el procedimiento que se sigue ante el tribunal de familia para una pensión alimenticia, incluyendo, entre otros, qué antecedentes deben acompañarse al tribunal.

 





Publicado: 21 de agosto de 2018


¿TENGO DERECHO AL PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES DURANTE EL PERIODO DE CAPACITACIÓN O INDUCCIÓN?


Teniendo en cuenta que Manizales es una ciudad en la que un alto número de empleos se generan gracias a los call center, es común que a menudo nos pregunten si durante la inducción que reciben y en la cual deben cumplir con los horarios e inclusive hacer ventas, deben pagarles su salario.

EN #AFCESTUDIOJURÍDICO TENEMOS LA RESPUESTA
El periodo de inducción es parte del contrato de trabajo y ningún empleador puede aducir que en dicho periodo el trabajador no está produciendo para la empresa. Por el contrario, durante dicho periodo de inducción el trabajador está bajo la subordinación del empleador y dicha subordinación es elemento esencial para considerar que desde el primer día de inducción, el contrato de trabajo ha nacido a la vida jurídica.
Además, el empleador no puede alegar –como hacen algunos- que durante ese periodo de inducción lo que está haciendo es conociendo las actitudes del nuevo trabajador, porque para eso el empleador primero agotó todo un proceso de selección, además que para eso existe dentro del contrato de trabajo la figura del Periodo de Prueba, con el cual si durante ese periodo el empleador considera que el trabajador no cumple con las expectativas, lo puede desvincular sin pagar indemnización.
“Incluso si no se ha firmado contrato de trabajo, se entiende que existe un contrato de trabajo verbal que no requiere que exista ningún documento escrito”.
En este sentido, si existe subordinación del trabajador, cumplimiento de horarios y prestación del servicio durante estas capacitaciones, existe un contrato de trabajo y así se trate de un período corto la empresa está en la obligación de pagar no solamente salario, sino también todas las prestaciones sociales que contempla la normatividad colombiana, así sea de manera proporcional, de lo contrario el empleador podría verse obligado a pagar una indemnización moratoria equivalente a un día de salario por cada día, hasta que cancele todo lo adeudado



Publicado: 08 de agosto de 2018


¿Eres comerciante y tienes dudas sobre el pago de derechos de autor?, acá te las resolvemos!


INFÓRMATE CON AFC ESTUDIO JURÍDICO

¿Eres comerciante y tienes dudas sobre el pago de derechos de autor?, acá te las resolvemos!

1. ¿Cómo puede mi establecimiento de comercio cumplir con los derechos de autor?

Al usar música o audiovisuales en un establecimiento abierto al público mediante radios, equipos de sonido, televisores, proyectores, etc., se están explotando obras musicales y audiovisuales, así como interpretaciones o ejecuciones artísticas. Todas ellas son bienes privados que pertenecen a los compositores, a los artistas u otros titulares de derechos siendo ellos quienes disponen de cómo se deben usar sus creaciones o prestaciones artísticas.

Por esta razón, si desea usar música y/o audiovisuales en su establecimiento abierto al público, debe obtener la autorización de los titulares de las obras, intérpretes y otros artistas  pagándoles una remuneración por la autorización otorgada.

Esta autorización y/o pago de remuneración se conoce comúnmente como "el pago por derecho de autor".

2.   ¿El pago por derecho de autor es otro impuesto o tributo?

NO. Son autores o titulares de derecho quienes reciben este pago por permitir utilizar sus obras o prestaciones artísticas.

3. ¿Cuáles establecimientos deben pagar por derecho de autor?

Deben pagar por derecho de autor aquellos establecimientos de comercio que utilicen música, películas, series de televisión o realicen actividades de fotocopiado de libros, etc. Este pago es una remuneración que se transfiere a los compositores, músicos, artistas, productores y escritores como un reconocimiento y respeto por su trabajo.

Entonces, si tengo una peluquería, ¿debo pagar por derecho de autor?

Si utilizas música o audiovisuales, Sí se debe pagar.

4. ¿Quién fija la tarifa que debo pagar por derecho de autor?

Los compositores, músicos, autores, artistas y productores fijan la tarifa a través de sus sociedades de gestión colectiva en ejercicio de los derechos que los facultan para disponer del producto de su trabajo.

Es importante tener en cuenta que la tarifa debe ser proporcional a los ingresos que los comerciantes obtengan por la utilización de la música o los audiovisuales.

5. ¿Qué es una sociedad de gestión colectiva?

Por gestión colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por organizaciones que actúan en representación de los titulares de derechos y en defensa de los intereses de estos últimos.

La gestión individual de los derechos es prácticamente imposible. Los autores no pueden ponerse en contacto con todas y cada una de las emisoras de radio o de televisión para negociar las autorizaciones necesarias para que se utilicen sus obras y reciban la remuneración que les corresponde. Por otro lado, tampoco es factible que los organismos de radiodifusión soliciten permisos específicos de cada autor a la hora de utilizar una obra protegida por derecho de autor. La imposibilidad material de gestionar esas actividades de forma individual, tanto para el titular de los derechos como para el usuario, hace necesario crear organizaciones de gestión colectiva, las cuales velan por que los creadores reciban la remuneración que les corresponde por el uso de sus obras.

6. ¿A qué tipo de sanciones se puede exponer quién incumpla sus obligaciones relativas al derecho de autor?

Según dispone la Ley 232 de 1995, el responsable de un establecimiento de comercio que no cumpla con el pago por derecho de autor puede ser sujeto de  sanciones que van desde requerimientos, multas, suspensión temporal de las actividades, e incluso el cierre definitivo del establecimiento.

También podría ser sujeto de acciones civiles y penales por infracción a los derechos de autor o conexos.

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Publicado: 24 de julio de 2018